Son los dos principales ejes del proyecto de ley de financiamiento político que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados, con 148 votos afirmativos y 69 negativos.
La iniciativa, que comenzará a regir en este turno electoral, fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ se opuso junto a la izquierda, el Movimiento Evita y el espacio Red por Argentina.
La nueva ley permite a las empresas privadas figurar como aportantes en las campañas electorales y comenzará a estar vigente en las próximas semanas. La reforma de la ley electoral habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la Justicia para esa campaña.
La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.
El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa porque "Restablece el financiamiento mixto de los partidos" en campañas, "Evita la informalidad" al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a "Los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario" de las agrupaciones políticas.
En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías "Debe ser absoluta", y opinó que "el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado".
En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como "el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas".