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VACUNATORIO EN EL GOBIERNO DEL PRO

Larreta y Quiroz imputados, los investigan por la privatización de las vacunas

Por la privatización de las vacunas públicas, el juez Ariel Lijo imputó al gobernador Larreta y al ministro Quirós y allanó el ministerio de Salud porteño. La justicia federal investiga la vacunación privatizada de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal Carlos Stornelli impulsó la denuncia.

El gobernador Horacio Larreta y el ministro Quiroz. Una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio habría funcionado como vacunatorio.
El gobernador Horacio Larreta y el ministro Quiroz. Una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio habría funcionado como vacunatorio.

El escándalo de la privatización de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires empezó a escalar en la justicia federal.

Un día después de que se presentaran dos denuncias por los convenios con entidades privadas para ocuparse de la aplicación de las dosis contra la covid-19, el juez federal Ariel Lijo envió a la Gendarmería al Ministerio de Salud porteño, que dirige Fernán Quirós, y a una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio que habría funcionado como vacunatorio.

Lijo emitió órdenes de presentación y mandó a la Gendarmería después de que el fiscal Carlos Stornelli impulsara las denuncias que se presentaron el martes por la mañana y dejara así imputados tanto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como al ministro Quirós.

Stornelli, como es sabido, es conocido por sus buenos vínculos con algunos sectores del PRO. La curiosidad más inquietante es que una de las denunciantes es Natalia Salvo, la abogada que patrocina a Pedro Etchebest, el productor agropecuario que lo denunció por extorsionarlo junto con Marcelo Sebastián D’Alessio y dio inicio así a la mega investigación de espionaje que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores.

La denuncia de Salvo apuntaba al Ministerio de Salud porteño, por haber firmado por orden de Rodríguez Larreta convenios con entidades privadas para favorecer, por un lado, la vacunación de quienes están asociados a esas entidades y, por otro, para dar acceso a grupos que no son prioritarios en la vacunación.

Como adelantó Página/12, el Gobierno porteño reconoce haber firmado convenio con siete entidades privadas y dijo que había hecho la misma oferta a todas las obras sociales y prepagas.

Stornelli pidió los procedimientos en el Ministerio de Salud porteño y que se recabara también información de la cartera nacional que dirige Carla Vizzotti.

Lijo, por su parte, sumó la orden de presentación a la asociación civil. Todas las dirigencias quedaron en manos de la Gendarmería, mientras que al Ministerio de Salud de la Nación se lo emplazó para que en las próximas 48 horas informe los lotes de vacunas que envió a la Ciudad.

Lijo busca copias de los convenios que el Gobierno de la Ciudad firmó con establecimientos privados y de carácter social, la información relativa a todos los lotes de vacunas que recibió la Ciudad y a qué centro de vacunación los derivó.

Además, quiere saber cuáles son los vacunatorios habilitados y qué dosis se aplicaron hasta el momento, a quién, adónde y en qué fecha. Lijo convocó a los dos denunciantes para la semana próxima, para que ratifiquen sus denuncias y aporten nuevos elementos.

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