En febrero, el máximo tribunal cerró el monto que Nación deberá cancelar a ese distrito por la detracción de fondos coparticipables entre 2006 y 2015. Una decisión que sorprendió a las dos partes y que complicó al Gobierno en un año de ajuste de cuentas. Más si, como se presume, la Corte también avale el reclamo de Santa Fe en un caso idéntico pero con montos que podrían cuadriplicarse.
El fallo original a favor de San Luis, Santa Fe y Córdoba (en esta última provincia fue una cautelar para poner fin al recorte del 15% para financiar a ANSES y de 1,9% para la AFIP) llegó en noviembre de 2015, a poco de que asumiera Macri. Luego, hubo un tironeo y negociaciones paralizadas hasta el fallo de febrero, que fijó una actualización a tasa pasiva del Banco Central de aquel monto original de casi $5.000 millones.
Por eso, la reunión de ayer fue clave para avanzar en la forma y tiempos de pago.
“Fue una reunión muy cordial y no hubo pata política, vimos voluntad del Gobierno nacional de llegar a un acuerdo”, dijo a Ámbito Financiero el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. En representación puntana también estuvo la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur. Además, participó el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, y el secretario de Hacienda nacional, Rodrigo Pena.
El dato positivo que se llevó Rodríguez Saá fue la intención de Dujovne de tener un acuerdo homologado ante la Corte antes de septiembre, cuando vencen los 120 días de negociación dispuestos tras la fijación del monto. “En un mes volvemos a juntarnos para tratar de firmar una carta de intención”, agregó Allende.
La pelota, ahora, queda en equipos técnicos puntanos y nacionales, quienes coordinarán un esbozo de acuerdo. En ese sentido, en la provincia no descartan que el pago pueda incluir una parte en bonos y también en obras nacionales en territorio provincial.
De todos modos, la intención del Gobierno es exhibir los términos de un potencial acuerdo antes de septiembre, y efectivizar los potenciales pagos una vez superada -o no- la instancia eletoral en la que Mauricio Macri se juega la continuidad de la gestión.
