Apenas la iniciativa obtuvo el visto bueno de la Cámara baja, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, inició contactos con los referentes de los bloques para realizar una sesión especial el miércoles o jueves.
Como sucedió ayer en la Cámara baja, se espera que el proyecto sea aprobado con amplia adhesión en el marco de un debate moderado, algo que sirvió este jueves para no alterar los ánimos en las calles, donde se realizaron movilizaciones de organizaciones sociales.
Según informó el portal informativo Parlamentario.com, el Senado repetiría el esquema de Diputados, es decir, se saltearía el debate en comisiones para darlo directamente en el recinto; por ese motivo, se necesitarán dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento del proyecto sobre tablas.
El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición dispone un “incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las partidas durante la vigencia de la emergencia, es decir hasta 2022, tarea que le tocará a la próxima gestión.
El costo fiscal
El diputado Rossi minimizó el costo fiscal, al que hizo alusión el Gobierno en el debate. "El costo fiscal no tiene nivel de importancia. El paquete que anunció Macri después de las PASO es de 91 mil millones de pesos y el que anunciamos ahora no es de mas de 10 mil millones de pesos", explicó.
La emergencia alimentaria comenzó a ser reclamada por la oposición tras la devaluación que se produjo después de las PASO, que impactó en el precio de los alimentos y en las condiciones de vida de los sectores vulnerables. El reclamo se extendió por parte de organizaciones sociales que incluso hasta este mismo mediodía seguían acampando en la 9 de Julio y en las inmediaciones del Congreso.
“Migajas para el pueblo”
La única abstención en la votación de ayer fue la de la legisladora de la Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, que consideró como “migajas para el pueblo”, el presupuesto ampliado, y consideró que el Estado debe tomar el control de la comercialización.
“Acá hay un montón de gente que no come y otra que se la lleva en pala; no termina con la emergencia alimentaria”, señaló la diputada que agregó que el 50% de aumento de partidas para los comedores representan $45: “Díganme cuántas comidas hacen por $45”, sostuvo durante el debate.
Según publica Perfil, la diputada en diálogo con ese medio explicó que la razón de su abstención obedeció a que “es absolutamente insuficiente para paliar el hambre tras la devaluación”. También señaló que “lo que hay que hacer es no repartir más migajas para el pueblo”, agregando que debe suspenderse el pago de la deuda y nacionalizar el comercio de la comida.
En ese sentido, la representante de la izquierda sostuvo que si bien es confiscación: “Se están llevando la comida del pueblo”, enfatizó.
