La abogada de la familia del mochilero que estuvo desaparecido luego de la represión a los mapuches de Cushamen acudió ante el Máximo Tribunal en queja, porque la Cámara de Casación le denegó el recurso federal para apelar el fallo que ordenó anular y destruir el resultado de las pinchaduras a los teléfonos de los testigos de la causa por el hábeas corpus de Santiago Maldonado.
El mayor de los hermanos Maldonado definió que él y su familia son "víctimas de una metodología que combina espionaje de las fuerzas, un brazo judicial con jueces y fiscales presionados que investigan a las víctimas en lugar de investigar a los culpables y una estructura de medios y periodistas especializados en desviar los temas”.