La constitucionalidad del decreto es cuestionada porque habilita a quitarles bienes a personas sin condena firme a través de un proceso paralelo en el ámbito civil.
Los detractores de esta medida conforman un amplio sector, por lo que se espera un arduo debate en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tendrá diez días hábiles para expedirse.
La Bicameral está integrada por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas y es presidida por el diputado Marcos Cleri, de Unidad Ciudadana. Se trata de la única comisión que se encuentra en funciones durante el receso parlamentario y, según se estima, podría reunirse en las próximas horas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia no sólo fue cuestionado por legisladores de la oposición sino también por juristas de diversos fueros. El cuestionamiento central es que su puesta en marcha habilita a quitarle bienes a personas imputadas o no en causas penales, pero a través de un procedimiento paralelo instalado en el fuero civil.
Desde ya que también se lo cuestiona como una decisión tomada por la Casa Rosada para dar un golpe de efecto en la agenda mediática y distraerla de los mareos de la economía, la recesión en todos los sectores de la producción, y el aumento de la pobreza y la indigencia.
El tema había ingresado al Congreso como proyecto de ley, y había dejado un tendal de críticas en el Senado, que lo devolvió a Diputados con modificaciones. “Mamarracho” y “papelón” jurídico “violatorio de los principios de legalidad e inocencia”, fueron algunas de las críticas centrales.
A través del decreto, se crea "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.
