“La doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”, dijo hoy la vocera presidencial Gabierla Cerruti.
La medida fue tomada originalmente en diciembre de 2019, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, y con los efectos de la devaluación de agosto de ese año todavía pesando sobre la actividad económica.
Cerruti, explicó en conferencia de prensa los fundamentos de la decisión de no continuar con la imposición de un plus para el costo de los despidos orientado a desincentivar desvinculaciones.
“La doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”, dijo la funcionaria.
“La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, comentó.
El objetivo de la “doble indemnización” fue evitar que las empresas echaran personal durante la recesión de 2019, primero, y luego en momentos en que la pandemia de Covid-19 impactaba con fuerza en el empleo.
La norma estableció que en el caso de despido sin causa, el trabajador tiene derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un monto adicional.
Desde el Ministerio de Trabajo, mientras tanto, no tienen prevista una renovación. Las condiciones establecidas en el decreto 886 de 2021 ya fijaban un camino gradual para el final de la emergencia que llega a su término hoy 30 de junio.
Aquella norma establecía un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que ascienda a un cuarto de la indemnización debida”.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no tiene planeado extender nuevamente la vigencia ni tiene previstas reuniones para evaluar la situación. En el Gobierno consideran que están dadas las condiciones de crecimiento económico para no necesitar de esa herramienta de emergencia.
“Tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes” (Cerruti)
En Navidad 2021, a la par de la publicación del decreto, el Gobierno ya había dado por finalizada la prohibición de despidos.
Críticas sindicales y de la Unión Industrial
La Unión Industrial reacionó a la prohibición de despidos y la doble indemnización con un escrito enviado al Poder Ejecutivo. La entidad sostiene que esas medidas “van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores”.
"Argentina frente al desafío de recuperar el empleo formal y el crecimiento sustentable", es el título que eligió la entidad que representa al empresariado para encabezar su posición ante la prórroga del decreto presidencial, publicado este sábado en el Boletín Oficial.
La UIA sostiene que "para avanzar hacia un ciclo económico que convierta a la política industrial y a las mejoras de productividad en activos del país, resulta fundamental normalizar la situación en el mercado de laboral".
A juicio de los empresarios, ninguna de las dos medidas que se sostuvieron en el contexto de la pandemia de coronavirus con el argumento de proteger el empleo, contribuyen a esos objetivos que juzgan imprescindibles ante la crisis económica y la retracción de la actividad industrial.
Afirman que las causas permanecen
El exdiputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde pidió que se prorrogue la doble indemnización, argumentando que aún permanecen las causas que le dieron origen al decreto.
Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en la que pidió que continúe la prohibición de despidos y la doble indemnización en el marco de la emergencia ocupacional, debido a que “las causas que le dieron origen no sólo no cesaron, sino que en algunos sectores, se agravaron”.
“Prohibir los despidos sin causa va de la mano con el artículo 75 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional”. agregó.
Las resistencias también existen entre los gremios. Incluso sindicatos aliados del oficialismo -como Suteba, la CTA o los canillitas- cuestionaron la medida.
