Así lo reveló la Federación Agraria, al señalar que junto a las entidades que integran la Comisión de Enlace, será recibida el lunes, a las 15, en la Casa de Gobierno por el mandatario.
La norma –sancionada el sábado a la madrugada por el Senado- faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible. En el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%.
Durante las negociaciones, se incluyeron compensaciones para pequeños productores y cooperativistas. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%.
Sin embargo, este último punto también fue cuestionado por las entidades. Desde la Federación Agraria reclamaron al Gobierno "información precisa y clara" respecto a ese artículo añadido a la norma, al considerar que era "difuso" el mecanismo para implementarlas.
“El campo no entiende”
El dirigente rural Eduardo Buzzi aseguró que la Ley de Emergencia económica “es una herramienta para un Gobierno que encara una etapa muy complicada de Argentina”, definió a las retenciones como “un mal impuesto” y explicó que “el campo no entiende el contexto que estamos viviendo y por eso se queja”.
“Las retenciones siempre son un mal impuesto, son un flagelo desde hace 18 años y deberían ser transitorias mientras dure la emergencia”, aclaró. “El campo no entiende el contexto que estamos viviendo y por eso se queja”.
En declaraciones a CNN Radio, el extitular de Federación Agraria estimó que “haber contemplado la situación de los productores más chicos es una batalla ganada” y que pese a las quejas “estamos lejos de que los productores derramen leche en la ruta como ya pasó. No es el momento de grandes protestas del campo”.
El Congreso Nacional facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer "mecanismos de segmentación y estímulo" para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.
La norma plantea que "las modificaciones de las alícuotas deberán ser informadas por el PE ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario.
