Es que en esa fecha vence el plazo de seis meses de congelamiento que se dispuso en el marco de la Ley de Solidaridad y de la emergencia tarifaria.
En vista de ello, desde el mismo Gobierno se había revelado que no se mantendrá el congelamiento de los servicios públicos e incluso se anunciaron reuniones con algunas empresas del sector.
“Las tarifas son un tema que hay que revisar. Vamos a ver cómo se hizo y vamos a ver qué vamos a hacer. Cuando uno mira lo que pasó con las tarifas, se da cuenta del incremento enorme que han tenido en precios, las ganancias exorbitantes que han tenido algunas empresas, y todo eso lo pagaron los argentinos", expresó ayer Fernández ante el requerimiento de varios medios de difusión.
"Yo no sé si en junio nosotros vamos a estar en condiciones de hacer eso", dijo, sobre los eventuales aumentos. "Todo esto es objeto de estudio, de revisión para atrás, saber cuánto se ganó, cuánto se perdió, y después veremos lo que vamos a hacer", agregó.
"No tenemos en cartera hoy -por ayer- el aumento de tarifas sino qué pasó para saber de dónde partimos", expresó el mandatario, quien aprovechó la ocasión para referirse a la gestión de Mauricio Macri en la materia de tarifas.
"Probablemente habrá aumentos de tarifas en junio, pero será en los sectores que los puedan soportar", había dicho su jefe de gabinete.
Sobre la suba en el transporte que fue anunciada el jueves por el ministro Mario Meoni para mayo, Fernández expresó: “¿Por qué va a haber aumento de transporte si las naftas están congeladas?”.
La convocatoria
Posteriormente, el ministro de Producción Matías Kulfas se reunió con empresas distribuidoras de gas y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, convocó a la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas, donde llamó a conformar mesas federales para definir propuestas.
Estuvo acompañado por Esteban Kiper, gerente General de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista.
Según trascendió que las tarifas se irían descongelando “de a poco” y con algún “criterio creativo” a partir de los seis meses que plantea la ley de emergencia. Una de las medidas sobre las que se comenzaría a avanzar es un mejor diseño y control de la “tarifa social”.
