La normativa también crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Será un organismo descentralizado que tendrá autarquía administrativa, funcional, técnica y financiera. Funcionará dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La ARICCAME va a regular toda actividad económica de la cadena productiva del cannabis para uso medicinal e industrial:
- Semillas Cultivo y cosecha
- Almacenamiento
- Distribución
- Comercialización
- Importación y exportación
Para promover la investigación científica, la ARICCAME tendrá articulación con universidades públicas y organismos de ciencia y técnica de todo el país. Para apoyar a los emprendimientos, pequeños productores y PyMEs, trabajará con la SePyME en programas de financiamiento.
Además, la ley crea el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal.
También Cáñamo industrial
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada, no solo para toda la cadena del cannabis medicinal, sino también para el Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales.
La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.
Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que "aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos".
Recordó que "en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy".
"Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante", enfatizó.
En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que "el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto".
Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que "el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana".
