Asimismo se pretende aprobar la iniciativa del Plan de los 1.000 días, el cual apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) comenzará a discutirse entre el lunes o martes y es probable que se realicen varias reuniones semanales.
Para organizar el esquema de trabajo, previo al inicio del debate, se reunirán el jueves las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto.
Debido a que el debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, previo a la emisión del despacho de comisión, en la reunión del jueves se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas.
Además, se dispuso que cada bloque irá comunicando las determinaciones y a la vez pidiendo opciones respecto a expositores.
Una vez concluidas las exposiciones, se debatirá en comisiones para pasar luego al recinto de sesiones, lo que se espera suceda antes que termine diciembre, con el objetivo de obtener su aprobación.
El esquema de trabajo fue acordado en una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones por las que pasará la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, antes de llegar al recinto.
Fuentes parlamentarias informaron que la comisión cabecera será Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, y adelantaron que en la primera reunión expondrán los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
En el encuentro también se decidió que el Plan de los 1.000 días tendrá como comisión cabecera Salud y se derivará también a la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.
Asimismo, se dispuso que ante cualquier escrache a domicilios o celulares que realice uno u otro sector, indistintamente, sea denunciado penalmente por la Cámara baja, dado que se vería afectado el fuero y la libertad de opinión de las y los legisladores.
