Se trata del primer juicio contra la ex mandataria y otros imputados, entre ellos Lázaro Báez, José López, y Julio De Vido. Este pedido se suma a otro presentado por Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria, días atrás para que se postergue la fecha de inicio del juicio dado que todavía no está concluida una pericia de expertos de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Cristina pidió la suspensión del juicio y la prórroga del inicio del mismo porque consideró que no se había concluido una pericia a cargo de expertos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como objeto determinar si existieron sobreprecios en las obras encargadas a Báez por parte de su gestión.
La ex mandataria había pedido analizar cinco casos testigos de obra pública sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario detenido, y la pericia será sobre esas obras.
A la vez, otro de los planteos de Cristina era para llevar la causa a la provincia de Santa Cruz, en función de la competencia territorial del caso, pero el mismo también fue desestimado por el Tribunal.
El juicio se prevé que dure hasta final de año, con el alegato post elecciones nacionales a cargo del fiscal de juicio Diego Luciani.
Tanto el fiscal del caso, Luciani, como las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) -dos organismos del gobierno nacional que actuarán como acusadores privados- habían pedido rechazar el pedido de postergación.
El juicio por la obra pública es por la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, para las empresas de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido, serán juzgados José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y detenido en la causa (todos ex funcionarios de Planificación Federal), entre otros.
Los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. El proceso estará a cargo de los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Tassara.
