Las negociaciones –según reveló el empresario Fabián De Sousa en el marco de la continuación de su indagatoria- se dieron entre 2016 y 2017, previo a que la administración federal que comandaba Alberto Abad solicitara la quiebra de la compañía, que derivó en el remate de sus activos más valiosos.
Según informó Gabriel Morini, periodista de Ámbito Financiero, De Souza relató ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°3, que el Gobierno había designado como “intermediario” para “solucionar” la situación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) al exsenador Ernesto Sánz, quien debía lograr una salida política ante la denuncia de la AFIP. El empresario puntualizó que hubo varias reuniones de las que participó un abogado, Marcelo Haissiner, una suerte de “socio” en la práctica de Ricardo Gil Lavedra, el letrado contratado de manera externa por la AFIP para avanzar en la querella por un supuesto delito penal en el marco del otorgamiento de los planes.
De Sousa reveló que él, Haissiner y su abogado, Carlos Beraldi se reunieron en el estudio de este último para analizar la viabilidad del pago total de la deuda refinanciada de Oil para cancelar un 80% de contado y el remanente en 12 cuotas consecutivas en una cuenta especial que sería abierta para el fisco en el Banco Nación.
Ni el Gobierno ni la AFIP, hasta ahora, ha-bían dado a conocer esta situación que fue previa a que la petrolera quebrase y que al día de hoy, pese al remate de sus bienes, el fisco permanezca sin haber cobrado.
