El funcionario resaltó en un reportaje a un medio nacional que el oficialismo ya está "trabajando" sobre un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados para que haya "una ley reparatoria" a favor de quienes fallecieron "defendiendo la Patria".
En este sentido, Avruj señaló que esta iniciativa ya cuenta con "el aval" de su secretaría y también "del presidente Mauricio Macri", y explicó que esperan que la norma salga "cuanto antes".
"Yo creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, la institucionalidad, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado", agregó al respecto.
Además, Avruj también cuestionó a "los que recibieron sumas cuantiosas" durante la gestión kirchnerista por ser familiares de personas que integraron grupos guerrilleros que lucharon "no por un ideal de respeto a los derechos humanos", sino "contra el orden constitucional".
“El estimado que tenemos y que distintas fuentes coinciden, es cercano a 30 millones de pesos a valor actualizado”, dijo el ministro que recordó que “hay leyes desde 1991, desde la época de Menem, y después hubo una exageración en el gobierno de Cristina Kirchner que fue la última ley que habilitó a tener un resarcimiento económico a todos aquellos que demuestren haber sido privados de la libertad desde 1975 hasta 1983, por cualquier causa política”.
Como era de esperarse, la discusión sobre el tema arrancó polémica entre quienes sostienen que “se trata de un acto de justicia”, y los que sostienen lo contrario.
En ese sentido y en la entrevista, Claudio Avruj aclaró que no se hacía referencia a los militares que murieron en la dictadura, sino en la previa del gobierno de facto: “Estaban defendiendo la institucionalidad”, sostuvo. "Era el gobierno de Isabel Perón. No fue durante la dictadura militar, fue en democracia", recordó el funcionario nacional.
Avruj también reinstaló la discusión sobre la posibilidad de que los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad, accedan al beneficio de la prisión domiciliaria en los que superen los 70 años de edad.