De esta manera los dejó cerca del envío a juicio como supuestos miembros de una "asociación ilícita paraestatal".
"El accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático", concluyó Ramos Padilla en su resolución de 1.125 carillas a la que tuvo acceso Télam.
En el caso de Carlos Stornelli, el juez lo acusó como coautor de tentativa de extorsión cometida "en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal" en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de 10 millones de pesos que deberá depositar en tres días.
Paralelamente, el magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli, Daniel Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
La AFI de Macri
En la resolución el magistrado vinculó a la AFI durante la gestión de Cambiemos encabezada por el entonces presidente Mauricio Macri con las actividades ilegales de la organización investigada.
El organismo "se ocupó de dar cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la organización se vio comprometida o en emergencia por algún requerimiento o investigación judicial".
Los acusados ingresaron a bases de datos que no eran de acceso público en busca de información con la cual "confeccionaron informes de inteligencia, se realizaron chantajes, extorsiones, tráfico de influencias y se logró insertar información en expedientes judiciales y en la prensa para llevar adelante complejas operaciones de espionaje ilegal".
"El objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos", advirtió el juez Alejo Ramos Padilla.
En esa línea consideró que "esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República", con el objetivo de "evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho, vuelvan a ocurrir".
