El expediente se inició en 2019, con una denuncia de los diputados del FpV Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Entre los imputados figuran además de Macri; el ex ministro de Energía Juan Aranguren; su fugaz sucesor en el cargo, Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, Mario Dell’Acqua y la ex titular de IEASA, Claudia Mundo, entre otros ex funcionarios. A fines de octubre del 2017 la gestión de Macri ordenó la privatización de importantes activos del Estado nacional a través de Decreto N° 882, entre ellos, las centrales térmicas Ensenada de Barragán, del polo petroquímico Dock Sud, y Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Según la documentación a la que tuvo acceso Ámbito, el presidente de IEASA, Andrés Cirnigliaro, presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello para que la firma Integración Energía Argentina S.A. sea tenida en cuenta como damnificada por la polémica decisión que adoptó el Gobierno de Cambiemos.
En 2018 el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor de la central Ensenada de Barragán en u$s305.906.000 y a Brigadier López en u$s207.110.000. En 2019 Macri adjudicó la central Barragán por u$s 229.529.500 y la Brigadier López en u$s165.432.500, debajo de sus valores.