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LA EX PRESIDENTA ACUMULA ONCE

Confirman otro procesamiento a CFK, ahora por subsidios a trenes

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y un grupo de sus ex funcionarios por haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita descripta en la causa de los cuadernos.

Cristina Fernández de Kirchner acumula once procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva.

El procesamiento incluye la prisión preventiva de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la investigación sobre supuestos sobornos en la transferencia de subsidios públicos a empresas de trenes durante sus gobiernos.

Este caso, en el que la expresidenta está acusada por los delitos de asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta; se desprende la causa de los cuadernos.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi también ratificaron los procesamientos contra exfuncionarios kirchneristas, entre los que se encuentra el diputado suspendido y preso Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos ya presos por otros expedientes; pero dictaron falta de mérito para dos empresarios del sector.

En total, la senadora y precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos Cristina Fernández de Kirchner acumula once procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva.

Según el juez Claudio Bonadio, quien en marzo pasado además le trabó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner un embargo por 800 millones de pesos, indicó que esta asociación ilícita “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente”.

En su resolución, la Cámara sostuvo que “los sucesos que aquí se recrean aparecen enmarcados en el contexto reconstruido en la causa 9.608/18, donde se logró acreditar el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban para asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa”.

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