Esta tarea se desarrollará merced a un convenio que firmaron el procurador general de la provincia, Pablo López Viñals, junto a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini.
El acuerdo se concretó en el marco de la entrega de un equipo de medición de radicación no ionizante al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), adquirido con el dinero de una multa que la Justicia aplicó a la empresa AMX Argentina SA (Claro) a raíz de la instalación irregular de una antena de telefonía celular en Campo Quijano y la posible contaminación ambiental que pudiera provocar la misma.
Como resultado de este litigio iniciado en el año 2011, la empresa fue sancionada al pago de una multa de 433.500 pesos por irregularidades en la habilitación de dicha antena, multa que fue ratificada por la Corte de Justicia.
Se indicó que a fin de establecer los índices locales para la contaminación ambiental se dispondrá de la constitución de un equipo de técnicos de ambos organismos.
Sucede que, según se afirmó, en la provincia y tampoco en la región existen índices de contaminación ambiental que puedan ser aplicables en los respectivos controles de contaminación ambiental, por lo que se suele acudir a índices aplicables o establecidos por otras provincias.
Dentro del convenio marco denominado en este caso, de "Prevención y Control Ambiental", en el que incluye a ambos organismos, mediante un protocolo se cedió al CIF el equipo de "Solución de Medición de Inmisión -Banda Ancha- de Radiación No Ionizante”.
Entre las cláusulas del protocolo, el CIF asumió la responsabilidad de mantenimiento y uso del mismo para "realizar mediciones y determinaciones" para litigios concretos.
A partir de este encuentro, en el que ambos titulares pudieron explayarse al respecto, surgieron fuertes expectativas tendientes al establecimiento de estos índices que podrán agilizar las tareas de control y protección del medio ambiente local.
Una audiencia entre partes
En una audiencia que tuvo lugar en el ámbito judicial el pasado 12 de mayo de 2016, las partes decidieron acordar un plan para determinar el nivel de contaminación ambiental. Fue entonces que surgió la alternativa de poder utilizar el monto de multa impuesto por la Corte en este nuevo instrumento.
En aquel momento, funcionarios del Ministerio de Salud Pública se comprometieron a realizar también los protocolos de investigación y relevamiento de patologías vinculadas con la emanación de energía de la antena de telefonía celular.
