La decisión fue celebrada por las entidades que aglutinan a kinesiólogos y fisioterapeutas ya que consideraban que la normativa atentaba contra la profesión.
La ley aprobada por diputados y senadores permitía que de acuerdo a las necesidades sanitarias, los profesionales universitarios que acrediten especialización en el ámbito de la salud y que estén matriculados en el Colegio de Profesionales de Educación Física de la provincia de Salta, sean prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), previa suscripción de un convenio entre la obra social y el Colegio.
Tanto el Colegio como la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta gestionaron por todas las vías posibles que esta ley no se aprobara, llegando inclusive a solicitar el veto al gobernador.
Afirmaron que las acciones “no eran en contra de los profesores de Educación Física, sino en resguardo de la Salud Pública y de la defensa de la profesión”.
Así, a través del decreto 1144, el Poder Ejecutivo aseguró que el rol del profesional de Educación Física radica en programar y conducir actividades recreativas; asesorar acerca de la formación físico-motriz en función del juego, la gimnasia y el deporte; participar en la elaboración de planes, programas y proyectos educativos, de promoción de la salud y desarrollo comunitario, que incluyen actividades lúdicas, gimnásticas y deportivas, entre otras.
Advierte que la Dirección General de Educación Superior reconoce el título como habilitante para el ejercicio de la docencia. Afirma que de acuerdo a la Ley de Ministerios N° 8.053, el ministerio de Salud Pública es el órgano competente para elaborar los planes de salud provincial y la conformación de los equipos de salud y sus colaboradores. También el de ejercer el poder de policía de las profesionales encuadradas en el arte de curar.
Adriana Martínez Paz, de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta sostuvo que “la iniciativa atentaba contra la salud de la población, ya que dejaba en manos de los profesores de Educación Física, la satisfacción de necesidades sanitarias que jamás fueron explicitadas. (…)
La ley vetada en forma total atentaba contra un bien supremo, como es la salud de la población, infringiendo las incumbencias de la Kinesiología y la Fisioterapia en forma directa y del resto de las profesiones del Arte en Curar en general, al mencionar ‘necesidades sanitarias’ que perfectamente pueden ser cubiertas por los profesionales de la Salud, en su totalidad”.
