Fue el fiscal Penal 4, Santiago López Soto, quien formalizó el pedido en contra de la empresa por el "grave daño al ecosistema existente en un sector del predio... incorrecta disposición de residuos y falta de mantenimiento y control, por parte de la planta". Indicó que todo ello en su conjunto convirtió al lugar en un "peligro concreto" para las personas y el medio ambiente. Esto, dijo, constatado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El pedido se presentó el viernes que pasó tras haber fracasado la suspensión del juicio a prueba. Mediante este proceso se esperaba poder llegar a un acuerdo por el cual la empresa remediara la situación del predio, pero no se pudo consensuar.
Entre las observaciones que se realizaron, se indicó que uno de los problemas tiene que ver con la derruida medianera del extremo sureste de la planta. En esa parte el predio provoca un daño ambiental y es además utilizado por personas que consumen estupefacientes. A ello, según la Fiscalía se agrega que el lugar se convierte en "aguantadero de delincuentes".
Se agregó que en la zona también "existen asentamientos de personas y formación de micro basurales urbanos", y "se observó gran cantidad de restos de encendedores y botellas plásticas con contenido amarillento en su interior que indican el consumo de sustancias estupefacientes en el lugar". Indicó que ante las características descriptas el predio con algunas lagunas de aguas servidas podría "constituirse en foco de enfermedades para los vecinos".
