La concejala Lihué Figueroa (PV), que había solicitado la preferencia, criticó a sus pares: “La resolución de Andrés Suriani es una herida profunda a la democracia y a la memoria de los torturados, exiliados y desaparecidos en la última dictadura cívico militar”, sostuvo.
Las idas y venidas hacen que resulte difícil entender el intríngulis: en 2012, a instancias del concejal Martín Avila (Memoria y Movilización), los ediles aprobaron solicitar la demolición del Monumento a Manchalá, emplazado en tierras del Ejército en Salta. Fue porque el monumento reivindicaba la operación Cóndor, un acuerdo entre las dictaduras del cono sur para la represión.
El monumento fue demolido, y en su lugar se erigió otro que recuerda y homenajea a los soldados que participaron del Combate de Manchalá (en realidad una acción en el marco del Operativo Independencia). Sin embargo, en diciembre del año pasado el concejal Andrés Suriani (PRO) logró que en un trámite express se aprobara la derogación de la ordenanza de Avila.
Esa movida le valió que la organización de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet" reclamara su renuncia de la Comisión de DDHH y que se revisara la nueva ordenanza.
El pedido fue tratado este año, y logró un dictamen de la Comisión que propone derogar el artículo primero de la ordenanza de Suriani, el punto que deroga precisamente la ordenanza de Avila.
Como este dictamen quedó trabado en la Comisión de Labor Parlamentaria, el miércoles último Figueroa hizo un pedido de preferencia para que fuera tratada en la próxima sesión.
Pero los ediles Frida Fonseca (PJ), Socorro Villamayor, Matías Cánepa, Romina Arroyo, José González y Ángela Di Bez (Salta Nos Une todos), Virginia Cornejo, Ramón Castillo (del PRO) y Angel Ortiz (UCR) votaron a favor de Suriani. “Su proyecto de reivindicar los crímenes de lesa humanidad no abdicó”, sostuvo Figueroa.
Algo "absolutamente abstracto"
Martín Avila nació en diciembre de 1977, en un hogar ya marcado por el terrorismo de Estado. Su tío, Juan José Avila, que era de Tucumán, había sido secuestrado en Jujuy en septiembre de ese mismo año y está desaparecido.
“En mi familia siempre se habló de esto. Porque obviamente las consecuencias del terrorismo de Estado son nefastas, siempre se habló de ausencias, siempre hubo una silla vacía. Nosotros como familiares siempre estuvimos en las marchas”, recordó.
El padre de Martín, Francisco Miguel Avila, fue defensor de presos políticos en Tucumán. Cuando se dio el golpe, lo obligaron a hacer el servicio militar y luego se radicó en Salta.
Avila impulsó la destrucción del monumento al Combate de Manchalá, un tema que sigue en discusión porque el concejal Andrés Suriani pretendió anular aquella decisión. Sin embargo, el monumento “ya se sacó”, por lo que para Avila, “lo que hicieron (los ediles) es absolutamente abstracto”.