Se conoció también ayer un audio de la secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz, por el cual se pedía "tranquilidad" a los maestros de religión (al menos 160 de ellos titularizados en el sistema educativo), dado que se estaba acordando con la ministra Berruezo (según los dichos de Argañaraz) la posibilidad de establecer una séptima hora para dictar religión para quienes quieran quedarse en esa materia.
"Lo importante a remarcar es que es constitucional el artículo 49 de la Constitución provincial, que indica que es legitimo que reciban religión según la convicción de sus tutores", dijo la fiscal y ex ministra de Justicia y DDHH, Pamela Calletti, al ser consultada por Nuevo Diario, luego de que se indicara que ella sería la vocera tras la reunión mantenida ayer con el gobernador Juan Manuel Urtubey.
Indicó que por ahora está decidido cambiar los planes de estudio (algo dispuesto por la Corte Suprema) y acatar lo establecido por el máximo tribunal, lo cual debería empezar a regir desde el inicio del ciclo lectivo del año que viene por lo menos. Ante ello, se esperaba que ayer mismo ingrese a la Legislatura la modificación del inciso ñ del artículo 27.
"Vamos a ver cómo se va desenvolviendo el año que viene", dijo por su parte la abogada Gabriela Gaspar, representante de las amparistas, al indicar que por ahora verán cómo se instrumenta esta orden de la Corte Suprema.
Ello ante las actitudes que mantuvo el Gobierno provincial, que siempre adecuó las decisiones judiciales (que fueron más laxas que la de la Corte Suprema en la provincia) para mantener la educación religiosa obligatoria en las aulas de las escuelas públicas. "Esperemos que la Ley no vuelva a disfrazar la educación religiosa como obligatoria".
