Pidieron además que el gobernador Juan Manuel Urtubey vete la ley por ser inconstitucional.
La misiva pública está firmada por Adriana Martínez Paz, presidenta Comisión Directiva del Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta, y por María Victoria, presidente del Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos.
La ley a la que hacen referencia obtuvo media sanción el 8 de mayo de este año en la Cámara de Diputados y el 16 de agosto del corriente en la Cámara de Senadores. Permite la incorporación al padrón de prestadores de la obra social provincial de profesores universitarios matriculados en el Colegio de Profesionales de Educación Física de Salta.
“Es fundamental que el Estado, en su integralidad de poderes formule la defensa irrestricta de la salud de la población, bien jurídico tutelado por nuestras Constituciones nacional y provincial, y de la Fisioterapia y Kinesiología, evitando y rechazando todo acto que pueda implicar intrusismo a las incumbencias y normas que regulan el ejercicio profesional, establecido en la Ley 7032/99 artículo 2”, explica la solicitada.
“Resulta fundamental que el señor gobernador, titular del Poder Ejecutivo, proceda a vetar la ley sancionada, por resultar manifiestamente inconstitucional. Es importante dejar establecido que los Profesores de Educación Física están formados para desempeñarse exclusivamente en el ámbito educativo y no en salud”, afirma.
En su último párrafo, los profesionales advierten que “vemos con preocupación que órganos del Estado vulneren y atenten contra el ordenamiento jurídico de la provincia, lo que motiva que la Asociación Argentina de Kinesiología, el Consejo Federal de Kinesiología, Colegios, Asociaciones profesionales y las que suscriben, se mantengan en estado de alerta, movilización y expresa reserva de recurrir al Órgano Judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la norma”.
Cabe recordar que los kinesiólogos desde que comenzó a tratarse el tema en la legislatura, remarcaron que los profesores de Educación Física carecen de formación científica para cumplir con las “necesidades sanitarias” a las que refiere la ley.
