Para ello integraron la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, organización que cuenta entre sus objetivos “desclandestinizar las prácticas de abortos legales existentes”.
“Desde este lugar estamos comprometidos/as a dejar de ser barreras en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva, sacando de la clandestinidad nuestras prácticas, garantizando abortos legales, seguros y gratuitos cumpliendo con las leyes vigentes, e incidir en la formación de profesionales respetuosos/as de los derechos de las personas y el desarrollo de políticas públicas garantistas de la salud”, afirmó la Red local, que a su vez es parte de la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho de Decidir.
En un comunicado que vino a irrumpir en la aparente uniformidad de los profesionales de la salud de Salta en contra de la despenalización del aborto, los integrantes de Profesionales de la Salud por el Derecho de Decidir afirmaron que promueven y garantizan “derechos para las mujeres y personas gestantes dentro y fuera de nuestra provincia”.
“Los equipos de salud somos responsables para la efectiva implementación de la interrupción legal del embarazo y debemos prevenir y evitar daños a la integridad física y psíquica de quienes acuden al sistema de salud, ya sea tanto en el ámbito público como privado”, añadieron.
Señalaron que en el país se realizan alrededor de 522 mil abortos por año, “datos obtenidos de un subregistro”, ya que se trata de una práctica clandestina. Y “según el Programa de Estadísticas del Ministerio de Salud, en (...) Salta durante el año 2016 se registraron 2954 casos de egreso hospitalario por aborto y 1430 durante la primera mitad de 2017, de los cuales 526 y 249 respectivamente corresponden a niñas y/o adolescentes menores de edad”.
Tras reseñar la normativa internacional y nacional que protege el derecho a una vida digna y los derechos sexuales y reproductivos, la Red recordó que “Argentina fue observada en reiteradas oportunidades por no cumplir” con esta normativa, “como no garantizar los abortos no punibles o por las torturas sufridas en los hospitales”.
Añadió en tal sentido que el aborto “en casos de violación se encuadra en lo derechos a la autonomía personal, a la privacidad, salud, educación y acceso a la información, así como a los principios de no discriminación e igualdad”.
Añadió que el voto negativo de los 7 diputados nacionales por Salta “muestra la necesidad de sacar nuestras prácticas de la clandestinidad y denunciar cada vez que tomemos conocimiento de alguna vulneración de derechos a usuarios y usuarias, en materia de salud sexual”.
El Estado garante de las prácticas
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho de Decidir sostuvo asimismo que el Estado “debe garantizar y poner a disposición los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta práctica (del aborto legal) en forma efectiva y segura.
Es el Estado el que debe asegurar los derechos de niñas y adolescentes tomando la representatividad legal en forma idónea, para asegurar sus derechos y protegerlos, sin permear sus intervenciones con sesgos morales y religiosos de ningún tipo”, añadió.
Entre sus ojbetivos, la Red indicó que pretende “desplegar (...) acciones de respaldo entre profesionales que garantizan la ILE, propiciar el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos” y promover, “el acceso de las mujeres a una atención digna, con perspectiva de género”.
