la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa), dieron su lectura de las decisiones del Gobierno nacional al sostener que "la quita de pensiones por discapacidad y a madres con más de 7 hijos no fue un error del Gobierno", pues "al igual que la eliminación de remedios gratuitos para jubilados, o el cambio que intentaron realizar en la movilidad jubilatoria, esta medida es parte de un plan de gobierno en el que se ha resuelto seguir los mandatos del Fondo Monetario y priorizar los grandes negocios por sobre la salud, la educación y hasta el trabajo de la mayoría de la población".
Mientras, a la tarde otro grupo de personas con discapacidad y sus padres se manifestaron en la Plazoleta IV Siglos para solicitar lo mismo que se solicitó en la marcha de la mañana: la derogación del decreto del 97, que es finalmente el que limita y garantiza a futuro ajustes para quitar o restringir las pensiones por discapacidad.
"Hay cosas que son insólitas", dijo Justo Salim, papá de un bebe de un año con microcefalia, retraso madurativo y problemas motrices. Indicó que también tiene un sobrino con síndrome de down, y en este último caso se exige la renovación del carné de discapacidad durante todos los años. Esta burocracia genera perjuicios incluso en aquellos que deben iniciar sus trámites para contar con un carné de discapacidad. Y es que, sostuvo, muchas veces el trámite se termina luego de un año y mientras no se tiene el carné las obras sociales solamente autorizan, por ejemplo, 21 sesiones de fisioterapia por año. Esto implica que las familias "tengan que contar con al menos 4500 pesos por semana para que puedan atender a sus familiares".
Se solicitó que las auditorías se hagan con personas que defiendan los derechos de personas con discapacidad, y señalaron la necesidad de separar el criterio de la discapacidad de aquel que refiere al criterio de la indigencia. "Son dos cosas distintas", dijo Salim.
