Por el lapso de un año regirá la vigencia de la ley por la cual se evitará el desalojo de campesinos en el territorio provincial. El texto sancionado -el cual provenía en revisión desde la Cámara de Diputados- tuvo aprobación por unanimidad de parte de los senadores.
Dicho artículo quedó redactado del modo siguiente: “suspéndase por un (01) año, a partir del 31 de diciembre de 2017, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentran en los casos previstos en los artículos 1898 0 1899 del Código Civil y Comercial”.
La sesión fue presidida por el vicepresidente primero Mashur Lapad (Rivadavia-PJ) y contó con la presencia de 21 senadores. En la oportunidad se contó con la presencia de los nuevos senadores que cumplirán el período 2017-2021, entre ellos los que están alineados tanto con el Gobierno nacional como con el intendente Gustavo Sáenz.
No habrá protesta
En base a la sanción de la ley que dispone la prórroga de los desalojos de campesinos por un año, desde el Foro Provincial de Agricultura Familiar se dispuso levantar la protesta que estaba prevista iniciarse en estos días atento a que no había certeza que el Senado aprobara en definitiva la prórroga de la ley Nº 7658.
Oportunamente se explicó los alcances de la ley nacional sobre regularización de tierras y la ley provincial. La primera se aplica a todas las comunidades originarias del país, en cambio la ley provincial tiene como objetivo reconocer y proteger la identidad cultural de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta.
Oficialmente se dio a conocer que hay más de 400 comunidades que tienen problemas con tierras por posibles desalojos. El Gobierno se comprometió a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral para analizar cada caso.
Funcionarios provinciales que se reunieron meses atrás con senadores indicaron que “la ley ampara exclusivamente a pequeños productores y a la propiedad privada, de las cuales según un estudio de campo que se viene realizando desde el 2013 en Rivadavia y San Martín, hay más de 1.100 pequeños productores rurales”.
Considerando la situación actual, el propósiro desde el Gobierno es no desalojar a aquellos campesinos o pequeños productores rurales que tengan 10 años de posesión con justo título y 20 años de posesión sin justo título.