Con este primer acuerdo se logró suspender las medidas de fuerza que habían iniciado los trabajadores luego de conocer que dos profesionales de un programa de la Secretaría habían sido notificadas por una jueza de menores por el inicio de una causa por incumplimiento de funciones. Ello por no responder los oficios solicitados en tiempo y forma.
Las notificaciones llegaron justo en el marco del juicio de Thiago, un nene que estaba a cargo de una familia sustituta que debía ser controlada por los profesionales de la SNyF, quienes hoy están en el banquillo de los acusados por incumplir funciones.
Los trabajadores insistieron en la falta de recursos y de jerarquización de la Secretaría para hacerse cargo de la cantidad de oficios que se envían desde instituciones públicas (como hospitales, Centros de Salud o escuelas), y la Justicia o el Ministerio Público Fiscal. “Son 100 oficios que llegan por día”, reconoció Fernández, al indicar que es preciso empezar a determinar los parámetros para establecer la urgencia de cada oficio sobre situaciones de chicos y chicas de la provincia que están en situación de vulnerabilidad.
Punto fundamental del acuerdo
Al firmar el acuerdo se decidió ratificar el acta el 15 de junio de 2017 que aún espera ser homologada en la Secretaría de Trabajo. Un punto fundamental del acuerdo sostiene que el ministro Abeleira y el secretario Fernández asumen la responsabilidad ante las autoridades judiciales y del Ministerio Público por todas aquellas faltas de intervención en las que los agentes que se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de Niñez y Familia pudieren incurrir, como consecuencia de las carencias o falencias en la provisión de recursos económicos o humanos, o medios necesarios o suficientes para el normal cumplimiento de las tareas a desempeñar en el ámbito de actuación que les sea propio.
Sin embargo, se aclara que la responsabilidad no comprende la derivada de la actividad o inactividad producto de sus propias decisiones o intervenciones, ni de las que deriven de las incumbencias propias de la actuación profesional.
Respecto de los procesos penales iniciados por la supuesta falta de respuestas a oficios judiciales, Abeleira y Fernández asumieron el compromiso de presentarse en forma personal en las mismas, a formular descargos y aclaraciones pertinentes, deslindando las eventuales responsabilidades de las profesionales intervinientes.
También se acordó la elaboración de una nueva estructura de cargos, además de continuar con la tramitación del nuevo estatuto sectorial, con participación de los delegados gremiales de los trabajadores del sector y representantes del gremio ATE.
Otro compromiso apunta a la concrecion definitiva de los protocolos internos de los distintos programas de la Secretaría de Niñez y Familia, y de los protocolos interministeriales.
Nuevas sedes regionales
En relación a la implementación de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 7.970, otro de los reclamos de los empleados, Fernández explicó que “las nuevas sedes regionales de la Secretaría en Tartagal, Orán, Anta y el sur de la provincia permitirán descomprimir el trabajo en la Capital.
Los empleados de Capital abordarán y monitorearán solo los casos del área metropolitana”. El funcionario informó que en estos momentos se trabaja en la selección de los perfiles y equipos de trabajo de Tartagal y Orán.
Destacó que durante el último tiempo han ingresado a la Secretaría 43 profesionales y operadores, “10 al Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 12 a los Centros De Primera Infancia, y 21 a los Centros de Inclusión Transitoria. Además, se incorporaron cinco vehículos a la Secretaría, y se puso en marcha la obra de refacción integral del edificio de calle Güemes, ya se repararon los techos y baños. Ahora se trabaja en la red de energía eléctrica”.
