Un sector amplio de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y gremiales se prepara para manifestar hoy su rechazo a la disposición del gobierno de Cambiemos de sumar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior.
Sobre esta polémica desición, Cornejo lamentó que este tema vuelva “a los titulares de los medios con una solución espasmódica, a medias y sin la cesura indispensable que requiere un problema de máxima complejidad”.
Tras afirmar que debería ser discutido en el Congreso, señaló que lo que se enviará a la frontera “son armadas fuerzas, sin un objetivo concreto más que aparentemente ‘impresionar’ a los traficantes, cuando es una verdad sabida que quienes comandan a una legión de ciudadanos indigentes están amparados en la sombra del anonimato que permite la corrupción estructural, y algunos casos, enquistados en el seno de las propias fuerzas policiales y de seguridad. A lo mejor, preguntando a quienes tenemos experiencia de años en el tema, se podría arribar a soluciones más ingeniosas y humanas que enviando armadas fuerzas a sumarse al caos”, consideró.
Urtubey no ve un problema legal
El gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo ayer que no ve “ningún problema legal” en esta decisión. El Poder Ejecutivo Nacional modificó un decreto, “por lo cual en términos de pirámide jurídica eso está formalmente correcto” y sólo queda ver si la ley de seguridad interior prevé la coordinación logística con otras fuerzas.
“En lo operativo, si se limita a eso, no habría ningún problema legal”, aseguró en declaraciones a medios locales. Y ratificó: “En la medida en que se limite a seguridad de frontera, y a controlar los peligros que significa la frontera está dentro del marco no sólo de la ley, sino de lo que nos parece razonable por lo menos a nosotros”.
