Sus inasistencias fueron forzadas por la decisión de las autoridades de no dejarlo ingresar al establecimiento por los días que eran precisos para quedar en condición de libre.
Mientras, el joven de 17 años deberá realizar un trabajo de investigación en la materia química sobre cómo se lleva a cabo un experimento, el cual deberá ser controlado por quien otorgue la materia.
También deberá presentar una nota de disculpas a los padres que presentaron quejas ante la institución y realizar algunos trabajos que beneficien al establecimiento.
La causa de la expulsión tiene su origen en la tarde del 6 de junio pasado cuando el alumno expulsado junto a otros compañeros habían mezclado algunas sustancias como pastillas de cloro y alcohol en una botella de plástico para ver la reacción.
Al observar que no pasaba nada, la dejaron en un tacho de basura y al retirarse se escuchó una explosión que generó el susto de docentes y alumnos pero, por lo que mostraron las cámaras de seguridad del colegio, no tuvo consecuencia alguna más allá que el susto de la explosión.
Menos de 24 horas después, esto es el 7 de junio a las 15 aproximádamente, se resolvió suspender a los alumnos involucrados "hasta quedar 'libres' por inasistencias y rendir a fin de año todos los espacios curriculares como alumnos ‘libres’ o bien otorgar el "pase abierto"”.
Luego, con la utilización de las mismas cámaras de seguridad, se dispuso que el responsable fue quien finalmente terminó expulsado.
La jueza cuestionó el hecho de que desde el establecimiento se haya afirmado que los alumnos quisieron hacer una bomba casera para atentar contra la comunidad educativa, que terminó con vómitos y descomposturas en algunos casos.
Ello pese a que las imágenes de las cámaras muestran una realidad distinta. Agregó en sus cuestionamientos que el alejamiento se haya dispuesto por el pedido de muchos padres cuando la nota presentada en realidad era de 8 de un total de 280.
Sanción abusiva
Ante ello, Sánchez entendió que el accionar del establecimiento contra el estudiante es ilegal por incumplir el debido proceso dentro del procedimiento disciplinario escolar (permitirle expresarse), y arbitrario por cuanto la discrecionalidad habilitada por la normativa del reglamento interno fue aplicada en forma "abusiva y extremista".
Por otra parte, la funcionaria judicial sostuvo que es preciso contar, además, con un supervisor de niveles en el departamento San Martín, dado que en el caso que se dispuso, se tuvo que realizar las consultas correspondientes a un funcionario que se encuentra radicado solamente en Salta Capital.
