Con la participación de cien personas, entre funcionarios, periodistas y personalidades destacadas del medio, lograron recaudar $98.410.
Desde que desembarcó en Salta, hace nueve años, Techo construyó unas 700 casas de emergencia, que hoy cuestan alrededor de 60 mil pesos cada una. En noviembre construirán 10 viviendas en Atocha, acompañadas por empresas y el colegio Usi.
Javier Saldaño, director General de Techo en Salta, señaló a Nuevo Diario que “la cena sirvió para juntar a los actores de todos los sectores para trabajar en políticas públicas que ayuden a las personas que viven en asentamientos”.
Entre las diez propuestas que presentaron para que en los próximos 15 años se erradiquen los asentamientos y las viviendas precarias, Saldaño destacó la regularización dominial de los asentamientos a través de la Ley de Integración Sociourbana y de Regularización de Barrios Populares, que ya cuenta con media sanción en el Congreso.
“Esto va a dar seguridad en la tenencia a los vecinos que en promedio llevan viviendo en esos asentamientos unos 25 años”, agregó.
Luego señaló que también impulsan “el plan de cero emergencia habitacional”, para que la gente ya no viva con piso de tierra y paredes de lona.
“Ponemos a disposición del Estado la vivienda de Techo como alternativa para la emergencia, para que nadie viva en peores condiciones.
Hemos podido comprobar que un módulo habitacional de 6 x 3 cambia radicalmente la calidad de vida de las personas y eso también es un problema”.
Aseguró que es mejor una casa de emergencia que la entrega de chapas y ladrillos por parte del Estado, ya que no hay un impacto positivo demostrado.
La entidad también propone que una Mesa intersectorial de Hábitat defina políticas que involucre a todo el arco partidario y social; un Fondo Histórico para la Urbanización de asentamientos, ya que en 2017 sólo el 7% fue beneficiado con inversión en servicios públicos; Incentivos para los municipios que gestionen la regularización del suelo; desarrollo productivo de la economía popular transfiriendo herramientas para el desarrollo productivo y participación de los habitantes de asentamientos en cargos públicos, pues una de cada diez personas vive en un asentamiento y no están representados en cargos públicos.
También proponen que haya una planificación territorial Nacional, Provincial y Municipal, que haya oferta de terrenos urbanizados accesibles para evitar los nuevos asentamientos; y la reducción de la estigmatización y aumento de la solidaridad nacional, ya que en 2018, aún cuatro de cada diez argentinos/as cree que las personas que viven en asentamientos lo hacen por elección propia.
“Hay que lograr reducir esta profunda barrera invisible de la “aporofobia”, a partir de masificar y popularizar las historias de lucha incansables de los millones de habitantes de los asentamientos. No es posible una sociedad equitativa y justa sin solidaridad”, finalizó Saldaño.
