La denuncia fue realizada por el actual secretario general del Sindicato de la Industria Maderera de Orán, Leonardo Javier Tarifa, en contra del ex titular de ese gremio, Gregorio "Goyo" Salinas, y su hijo, Héctor Salinas, quien a su vez se desempeña en la dependencia oficial de Orán.
Pide que se investigue a ambos por haber generado una operatoria con pagos y cobros, entrega de recibos o promesas de entrega de documentación cancelatoria definitiva sobre las viviendas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), está construyendo en el terreno que era del Sindicato y, se suponía, de sus afiliados.
Sin embargo, indica la denuncia de Tarifa, el ex secretario general entregó a algunos afiliados los terrenos y a otros los vendió por entre 120 mil y 150 mil pesos cada uno a personas que trabajan en Gendarmería Nacional.
La mayoría de estos beneficiados decidieron pedir hasta préstamos a cinco años para poder cancelar los terrenos cuyo monto, según los relatos de los testigos, iba a ser descontado por el IPV del valor total de las viviendas.
"Ese dinero no entró nunca a las arcas del Sindicato", se sostiene en la denuncia hecha en la fiscalía al acusar a Héctor Salinas de haberse servido de sellos de la obra social del Sindicato para entregar los recibos que daba como comprobante del pago del terreno. El hecho es que Salinas hijo no era parte del Sindicato, dado que trabajaba en la Secretaría de Trabajo de Orán.
Parte del dinero se habría recibido en la sede de la dependencia laboral y de hecho hay un video en el cual se observa como Salinas entrega la totalidad del dinero a uno de los presuntos estafados.
Ante el conocimiento de los hechos, el secretario de Trabajo de la provincia, Alfredo Batule, afirmó que se iniciarán los sumarios correspondientes y deslindó responsabilidad alguna del gobierno de la provincia.
Desde el IPV, en tanto, se indicó que se construyeron las viviendas porque todos los beneficiarios cumplían con los requisitos establecidos.
