La exigencia se planteó en una reunión con los ministros de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero; de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almarás; de Seguridad, Carlos Oliver, y de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti.
Tras el encuentro el Gobierno emitió un comunicado en el que, bajo el título “Coordinan esfuerzos para resolver la situación de una finca en Embarcación”, da cuenta de que por la parte empresaria estuvieron el propio Bourlon, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Ignacio Lupión; el presidente y gerente de Prograno, Ezequiel vedoya, y los socios de la Rural Martín de los Ríos, Lucas Elizalde y Pablo Arias, además del abogado Pablo Macarón, productor agropecuario de la zona de Orán y asesor de algunas comunidades originarias, y Agustín Ocampo, productor en este caso de la zona de la ruta 81, y “otros empresarios”.
El comunicado oficial
El comunicado oficial sostiene que los ministros y los representantes del sector productivo extensivo “acordaron una serie de acciones tendientes a resolver la situación planteada por un grupo de vecinos de la localidad de Embarcación, quienes, según denuncia del productor Huberto Bourlon, impiden el ingreso a una finca de su propiedad, además de haber destruido parte de sus instalaciones”.
El conflicto en cuestión se planteó en octubre pasado, en tierras que la comunidad Gallardo reivindica como de uso ancestral y Bourlon sostiene que son suyas (tendría en su respaldo un documento que asegura que es propietario de estas tierras desde 1971).
Rodriguez fotografiado con armas
Sin embargo, el cacique de la comunidad, Benito Rodríguez, asegura que se trata de las mismas tierras que también disputa el empresario Jorge Ortega Velarde, que mantiene un viejo conflicto con esta comunidad. Encima, el año pasado, al realizar el relevamiento territorial de la propiedad comunitaria indígena prevista en la Ley 26160, este predio quedó comprendido dentro de las de uso territorial ancestral de la comunidad.
La situación fue difundida por el propio Bourlon, quien filmó a un grupo de indígenas, entre ellos Rodríguez, afirmando que pretendían mantenerlo secuestrado y lo habían amenazado de muerte. Esta acusación fue desmentida por Rodríguez, quien a su vez exhibió fotografías en las que el empresario aparece con un arma en el bolsillo.
Reunión sin respresentantes originarios
Según pudo establecer Nuevo Diario, en la reunión, Bourlon afirmó que es propietario de la tierra y que siempre permitió el paso de los indígenas para que sacaran miel o madera pero que en los últimos tiempos observó que se sacaba madera en camiones y decidió cerrar el camino de acceso, lo que provocó el incidente filmado y fotografiado por los indígenas.
El cacique afirma que Bourlon no tiene residencia en el lugar, y que la comunidad decidió cerrar el camino porque el empresario había alquilado el lugar a otro empresario, Carlos Juárez, para el pastoreo de vacunos. En la reunión no hubo representantes de la comunidad originaria afectada.