El causa está caratulada como: “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat vs. Argentina”.
En un comunicado conjunto, la demandante y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que los patrocina, informaron que, además, las comunidades exigieron “la reanudación urgente de los trabajos de delimitación y demarcación de sus tierras que el Estado paró sin justificación una vez que el caso llegó a la Corte IDH a principios de año”.
Estas comunidades, cazadoras y recolectoras, habitan en los lotes 55 y 14, 643 mil hectáreas en el Chaco salteño. Reclaman que el Estado les entregue un título único de propiedad y traslade a las familias criollas y a sus vacas a otros terrenos “para poder garantizar su supervivencia física, social y cultural”.
El 1 de febrero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitió el caso a la CorteIDH por “la persistente inacción estatal para garantizar los derechos de las comunidades indígenas y así cumplir con sus obligaciones internacionales.
Desde entonces el Estado provincial detuvo los trabajos para demarcar 400.000 hectáreas de los ex lotes fiscales para su entrega a las comunidades, e incluso culpó a la Asociación Lhaka Honhat y a sus asesores por el cese de las labores”, afirmaron esta entidad y el CELS.
Por eso, informaron a la Corte que los caciques de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy’y (Tapiete), afirmaron en la asamblea del 25 de abril que “no existe razón alguna en esta instancia que justifique la interrupción de las acciones que el Estado debe realizar para garantizar nuestros derechos territoriales”, por lo que exigen su reanudación inmediata.
