Este paso, se cumplirá en el marco de la audiencia de conciliación convocada el viernes pasado en la acción de amparo en trámite contra la empresa Aguas del Norte (Cosaysa), promovida por legisladores del departamento San Martín.
La moción fue promovida por parte de los amparistas, que además sugirieron al Ente Regulador de los Servicios Públicos, también presente en la audiencia, que arbitre los medios para el análisis de calidad de agua.
Así lo detalló a Nuevo Diario la diputada por el Departamento San Martín, Gladys Paredes del FPV, una de las presentantes de esta acción junto a los legisladores Manuel Pailler; y Mario Ángel. La legisladora detalló que en la audiencia del viernes asistieron todas las partes: por el lado de los denunciantes, los diputados mencionados, junto a su representante legal; en tanto que por parte de la empresa prestadora del servicio del agua, como por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, se presentaron los representantes legales.
En el uso de la palabra, los demandantes solicitaron la conformación de una comisión revisora, integrada por los tres legisladores, y representantes tanto de Cosaysa como del Ente.
La propuesta, además, contemplaba que esta comisión realizara recorridas programadas por las obras en los distintos puntos del departamento San Martín.
Además, Paredes indicó que por iniciativa personal, se propuso que sea el Ente Regulador de los Servicios Públicos, el encargado de arbitrar los medios para el análisis correspondiente a la calidad del agua en el departamento San Martín, apuntando fundamentalmente a detectar la presencia de Cryptosporidium, un peligroso parásito que puede sobrevivir en aguas cloradas hasta más de siete días, y cuyo síntoma más común es la diarrea, que generalmente es líquida.
Este parásito se manifestó de manera recurrente en el agua corriente de red durante los últimos años.
Una espera de 30 días
Frente a estas propuestas, advirtió Gladys Paredes que los representantes legales de las mencionadas instituciones “no estaban autorizados para la toma de decisiones con respecto a las propuestas”, por lo que solicitaron un plazo, en primera instancia de 60 días hábiles para la consulta con sus respectivos directorios.
Este plazo que fue negado, por considerarse extenso, y en su lugar, la magistrada ordenó que en 30 días corridos, las empresas respondan con respecto a la propuesta de la parte demandante.
De esta manera, se espera que hacia fines del mes de agosto tanto Aguas del Norte como el Ente Regulador de los Servicios Públicos tengan una respuesta, tras un proceso que comenzó por el mes de febrero de este año, y por una demanda histórica por la calidad y cantidad de agua en el norte de la provincia de Salta.
