Ayer se conoció el texto del decreto 616 de este año que traduce en este instrumento legal el anuncio que el gobernador Juan Manuel Urtubey dio en conferencia de prensa el lunes y que se refirió a la incorporación de áreas protegidas en la provincia.
"Entre la superficie a incorporar se encuentra la correspondiente al cauce del río Bermejo, para su categorización posterior como 'Paisaje
Protegido Fluvial'"; indica el instrumento legal. "Es un área protegida que en un 70% se encuentra en categoría roja", dijo el presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leake, al ser consultado sobre el decreto.
Junto con Hernán Giardini, de Greenpeace, el especialista en Ambiente sostuvo que en caso de imponer a los ex lotes 55 y 14 como parte de las áreas protegidas que se incorpora a ese sistema provincial, no se debe olvidar que se debe realizar una consulta "previa, libre e informada", cuya inexistencia en el proceso de regularización de los ex lotes, generó una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien Giardini rescató el anuncio del gobernador Juan Manuel Urtubey de incorporar bosques nativos como áreas protegidas, entendió que cualquier área protegida que se crea "tiene que tener en cuenta a la comunidad", ya sea indígena o criolla. Y es que no puede concebirse el ambiente sin su gente adentro.
"Las Áreas Protegidas que componen el mosaico ambiental, logrando una mirada más integral de la gestión del territorio", dice el decreto. En este punto (y muchos otros), Leake sostuvo que sería "muy importante ver en qué medida las áreas protegidas propuestas contribuyen armar un mosaico o que permita una gestión integral del territorio".
Y es que entendió que hay una contradicción en el mismo Ministerio de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto los diseños aprobados para desmontes "no están contribuyendo a mantener este mosaico ambiental” que se propone. Mientras, la zona de los ex lotes es la afectada en las últimas inundaciones del Pilcomayo.
El decreto no es concreto
En el decreto se destaca, nuevamente, el hecho de la incorporación de 1.502.959 hectáreas al Sistema de Áreas Protegidas Provincial (SIPAP), de los cuales 965 mil hectáreas, o sea el 65%, corresponden a Bosques Nativos. Los ex lotes 55 y 14 involucran 630 mil hectáreas, pero no se especifica si esa totalidad es la incorporada o hay cuestiones parciales.
La provincia se vanagloria en el decreto que con la decisión actual "el 57% de la superficie total de las áreas provinciales bajo protección ambiental, es decir 2.286.236 hectáreas, corresponden a bosques nativos".
Pero como sucede con los ex lotes, y otras tierras incorporadas (la mayoría de propiedad de la provincia), como áreas protegidas, no se distingue si se trata de zonas de Yungas o de Bosque Chaqueño. Y es que hasta el momento, según informó Leake, "son menos de 15 mil hectáreas protegidas de bosque chaqueño" las que hay en la provincia.
Justamente, esta ecoregión es la más devastada y en peligro por los desmontes que se autorizaron o que también se hicieron de manera ilegal.
