Este es el primer caso argentino que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a todas las gestiones que se hicieron desde 1984 (cuando las comunidades comenzaron su reclamo), hasta la fecha, 34 años después, para resolver una situación que ya había sido planteada por la Comisión de Derechos Humanos de la provincia.
“Se demora alrededor de dos años en la resolución final de la Corte”, dijo la letrada en comunicación con Nuevo Diario. Sin embargo, indicó que en el mientras tanto se pueden seguir realizando trabajos para poder dar una solución definitiva al tema.
El reclamo de la Asociación Lhaka Honat con la representación del CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) inició el 4 de agosto de 1998, cuando se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de las obligaciones de respetar, proteger y adoptar las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo del derecho a la propiedad comunitaria; la construcción de varias obras y la exploración de hidrocarburos, en el territorio tradicionalmente indígena, sin que se hubiesen respetado los estándares interamericanos sobre consulta previa, libre e informada; y por haber consentido y tolerado el ilegítimo accionar de particulares como la instalación de alambrados, la tala de maderas y el pastoreo del ganado vacuno en territorio tradicionalmente indígena.
En las recomendaciones que hizo la Comisión se pidieron obras para reubicar a las familias criollas de la zona; pero del total, dijo el CELS, el Estado argentino sólo cumplió con casi el 5% de los trabajos.
