En el informe que realizó la entidad ambientalista Greenpeace se detalla que en 2012 las comunidades indígenas del área del Cuchuy denunciaron ante las autoridades salteñas que empresarios de la zona los presionaban para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo de tierra.
La situación de las comunidades fue denunciada ese mismo año por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de las autoridades.
En este reclamo se involucraba ya la propiedad de la finca a nombre de Braun Peña y Pablo Clusellas, quien es el actual secretario de Legal y Técnica de la Nación. Entre otras empresas, ambos aparecían en los directorios de Finca Cuchuy SA, Salta Cotton SA, Latin Bio SA, y Sideco Americana SA, vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri.
Alejandro Jaime Braun Peña compró en 1997 la finca “El Yuto” (cercana a la finca “Cuchuy”) para la empresa Yuto SA, también de la familia Macri.
En la zona aparecen además Gianfranco Macri, y en las tierras que compró el presidente en Pluma de Pato, en Rivadavia, se encuentra, entre otros, Nicolás Caputo.
En una última publicación del periodista Horacio Verbitsky en Página 12, se incluye a Gianfranco Macri, Caputo y Braun Peña en “lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados”.