El pedido fue presentado por el abodado Raymundo Sosa el martes pasado, a fin de que los obreros del azúcar desalojen el Ingenio y el inmueble sea reintegrado a sus propietarios.
Según lo afirmado por la fiscalía en el Ingenio hay unas 120 personas entre las que se "cuentan trabajadores y ex trabajadores nucleados en la asociación gremial SOEASI. La denuncia fue realizada por el representante legal de la firma PROSAL S.A. Y EMAISA S.A., sostuvo que quienes ocupan las instalaciones "ingresaron a las instalaciones ejerciendo violencia, ya que rompieron la cerca perimetral y se instalaron allí sin autorización y bloqueando el normal de-sarrollo de las actividades".
Ante esta situación, Simesen solicitó el mismo martes el desalojo y reintegro del inmueble a sus propietarios. Pero la medida cautelar fue denegada por la jueza por una diferencia de criterios, ya que consideró que existe "una contradicción, por cuanto no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.
"Si la Justicia ordena la policía tendrá que cumplir", dijo por su parte el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, al sostener que "no ayuda" que los trabajadores continúen con la toma del Ingenio, mientras se realizan las negociaciones entre privados para definir la venta del Ingenio.
Aseguró que la empresa tienen sus fundadas razones para desligarse del Ingenio dado que habría una pérdida de 500 millones de pesos en cuatro años desde el Ingenio “y a nadie le gusta perder plata”, sostuvo.
