Fue en el lapso en que la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender toda actividad de tala y desmonte en Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
La finca adquirió notoriedad en los últimos meses por los reclamos mediáticos de su apoderado; aparece en un listado de fincas que elaboró la Secretaría de Ambiente, y muchas de esas propiedades pertenecen a funcionarios y familiares del gobernador como así también a empresarios y aliados políticos, entre ellos el senador nacional, Juan Carlos Romero.
Según se pudo saber, la finca de Bourlon Rouvre es una de las propiedades que podrían enfrentar serios problemas legales por violar una orden dictada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26 de marzo del año 2009, cuando los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt (f), Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay (f) decidieron hacer lugar a un planteo realizado por el cacique Dino Salas, quien pedía que se frenen los desmontes ilegales en el norte provincial.
Frente a este pedido, y ante la ausencia de una política definida respecto al tratamiento de los bosques nativos de parte del Gobierno salteño, la Corte Suprema ordenó hacer lugar a una medida cautelar a través de la cual quedaron suspendidos los desmontes entre 2009 y diciembre de 2011.
La medida abarcaba, en especial, a los terrenos que se hallaban definidos como Areas de Protección Boscosas, conocidas como zonas rojas dentro del mapa de ordenamiento territorial.
La finca Tres Pozos, la cual en realidad es propiedad del grupo empresarial Almanzor S.A.,tendría estrechos vínculos con funcionario del Gobierno provincial y nacional, en particular con la familia Macri, aparece dentro de las áreas totalmente prohibidas para desmontar.
Pese a ello, y según actuaciones de la propia Secretaría de Ambiente, la finca Tres Pozos llevó adelante tareas de desmontes, y con ello afectó seriamente no sólo la pérdida de arboles nativos, sino también la de animales en peligro de extinción.
Se trata del catastro 9.550, según trascendió, matrícula que aparece en un listado que el Gobierno mantiene bajo reserva. Lo que agrava la situación de Almanzor S.A. es que el terreno desmontado ilegalmente no fue cambiado, sino que mantiene el nivel “rojo”.
Quiere decir que para la Provincia ese terreno sigue siendo de gran importancia ambiental, aunque nunca llevó adelante actuaciones administrativas al respecto, ni tampoco remitió en su momento las actuaciones a la Justicia para que Almanzor S.A. sea sometida a un proceso penal por el delito de “desobediencia judicial”.
En el caso de Juan José Karlen, el finquero que fue condenado por desmontar ilegalmente en el departamento San Martín, y demandado por una suma de 171 millones de pesos, el Gobierno provincial no dudó en dejarlo expuesto y realizar todas las actuaciones administrativas del caso.
Con respecto a la finca Tres Pozos, y pese a que se trata de un caso idéntico al de Karlen, el Gobierno nada hizo para avanzar en contra del grupo Almanzor S.A. y Bourlon de Rouvre.
Por debajo, en tanto, se ocultan otras propiedades, cuyas razones sociales a su vez mantienen en silencio a personajes estrechamente vinculado a sectores de poder, no sólo de la provincia sino de Capital Federal, donde estos personajes obtienen una importante cobertura mediática.
