Bajo el subtítulo “Falta de voluntad política, discriminación del Poder Ejecutivo conducido por el presidente Mauricio Macri y desamparo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, denunciaron que el Estado argentino “se ha convertido en un violador sistemático de la aplicación del derecho indígena” y de “los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos e indígenas”.
Asimismo, hicieron responsable al Estado “por instalar una política económica y financiera asfixiante que afecta a todos por igual” ya que “avanzó también sobre las políticas públicas indígenas, suprimiendo presupuestos destinados a solventar los servicios jurídicos indígenas, con ello promoviendo la desigualdad de derechos, permitiendo a los terratenientes ejercer con violencia el destierro y desalojo”.
También criticaron al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, “por la falta de pronunciamientos sobre los avasallamientos y violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en los territorios indígenas, con amenazas, intentos de homicidios, encarcelamientos, persecuciones, armado de causas, violencia síquica y física de nuestras autoridades indígenas, traducidos en la criminalización a los reclamos de nuestros derechos como pueblos preexistentes”.
Asimismo, aseveraron que “son varias las actas y acuerdos de compromisos firmados que hasta la fecha no se cumplieron” y que esto es “agravado por la decisión unilateral de la firma del decreto presidencial Nº 672/16, habilitando la conformación del Consejo Consultivo, sin la consulta libre previa e informada a todos los pueblos y naciones originarias, pasando por alto la ley nacional Nº 23302”, que prevé la creación de un Consejo de Coordinación Indígena y un Consejo Asesor.
El pronunciamiento también insiste en la urgencia de la aprobación de la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que “se encuentra congelada” en la Cámara de Diputados nacional.
“Ante esta situación vemos cómo se están agravando los conflictos territoriales que se dan en gran escala en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde residen más del 70% del total de las comunidades indígenas”, afirmaron.
Las organizaciones repudiaron y se declararon en estado de alerta permanente por la judicialización y la manipulación de la defensa de los territorios ancestrales. Y responsabilizaron a la Nación y al Presidente por “cualquier daño que pudieran sufrir”.
Crisis humanitaria
OPI-NOA aseguró que la situación actual “agudiza la crisis humanitaria de los pueblos indígenas, con el avance de las minerías a cielo abierto, desmonte indiscriminado para la patria sojera, la explotación de los recursos naturales contaminando la tierra, aire y agua, incrementando el cambio climático, desequilibrando la armonía y la biodiversidad de la Madre Tierra y el Kaa Iya, que milenariamente fueron resguardados por los originarios, cometiendo un homicidio ambiental, por parte de los terratenientes que priorizan sus intereses económicos, solventados por socios políticos y amigos del poder”.
Exigió a los jueces, fiscales, y fuerzas de seguridad “el respeto y la aplicación igualitaria de los derechos indígenas. Y reclamó la libertad del cacique Néstor Jerez, del lonko Facundo Jones Huala, de Agustín Santillán, y justicia para Santiago Maldonado.
