“Los chicos que optan de no participar en las actividades van a tener actividades alternativas dentro del aula para no tener problemas”, dijo Berruezo al completar la propuesta elevada por el Gobierno provincial, que será expuesta el último día de la audiencia que, en principio, está previsto para el 31 de agosto próximo.
En el encuentro que mantuvieron ante el máximo tribunal argentino, se anotició a las partes (el Gobierno de Salta y los representantes de los padres de alumnos que se oponen a este dictado junto a la ADC que los acompaña), que los primeros tres días de la audiencia, previstos para el 16, 17 y 30 de este mes, será para la exposición de los Amigos del Tribunal que se presentaron.
Los padres presentaron un recurso de amparo en 2009, pero la Corte de Justicia de Salta dictó la constitucionalidad de las normas que permiten interpretar que se puede dictar religión en las escuelas. La establecida en la Constitución se encuentra en el texto del artículo 49, que indica que en el sistema educacional se toma como base, entre otras cosas, que “los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
A esta se suma el inciso ñ del artículo 27 de la Ley de Educación de la Provincia, que establece que se brindará “enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos. Los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”.
La cuestión llega a cumplirse al punto de que el Arzobispado de la Provincia nombra supervisor de educación religiosa, y es el que imparte la capacitación que da los puntos necesarios para ser maestros de religión. Pese a esta imposición del catolicismo, Berruezo aseguró que el dictado de esta materia “no es confesional”.
