Lo hizo en el marco del rechazo generalizado de integrantes de comunidades originarias en cuyo territorio se hacía la exploración, y de vecinos en general que se movilizaron para paralizar eso trabajos. (Ver: Cafayateños expulsaron a exploradores con fines mineros).
La empresa "Mina Franco" exploraba de manera irregular en la Reserva Natural Manejada de la Quebrada de Cafayate.
El Gobierno puntualizó que estos trabajos fueron paralizados por guardaparques de la provincia, información que se aparta del relato de los vecinos que afirman haber sido ellos quienes detuvieron la exploración y obligaron incluso a sacar una casilla de madera que se había levantado en el lugar. Lo mismo había afirmado el Pueblo Diaguita en un comunicado.
El Gobierno subrayó que los guardaparques detectaron irregularidades en las tareas, y labraron un acta “con el objeto de impedir precautoriamente que continúen con los movimientos debido a que estaban alterando el ambiente en una zona protegida”.
“En ese marco, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, envió una comisión de especialistas integrada por técnicos de la Secretaría de Minería, quienes constataron junto a Guardaparques de la Secretaría de Ambiente y Policía con asiento en Cafayate, la ubicación de los yacimientos mineros y corroboraron que se estaban llevando a cabo actividades que no estaban permitidas de acuerdo al permiso otorgado por el organismo correspondiente”, añade él texto oficial.
Precisó que la empresa operadora "Mina Franco", tenía permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. Y no estaba habilitada para montar campamentos, ni abrir nuevos caminos.
Antecedentes de la Mina Franco
La empresa comenzó su inscripción el 11 de marzo de 2014 en el Juzgado de Minas. Mientras que el decreto ley 6806/95 instituyó en los Valles Calchaquíes tres áreas naturales de preservación, recreación y turismo, entre ellas la Reserva Natural de la Quebrada de Cafayate, que tiene como zona de influencia la ruta nacional 68, entre Las Dunas y Alemanía, incluyendo el Río de Las Conchas.
En noviembre de 2017 el concesionario presentó la renovación de la "Mina Franco", aprobada por resolución 016/18, habilitándola para exploración superficial. En febrero de 2018, el concesionario pidió al Juzgado de Minas un permiso para la etapa de explotación, que fue analizado por la Secretaría de Minería y rechazado por insuficiente.
Actuó irresponsablemente
El Ministerio sostuvo que “el concesionario actuó irresponsablemente, incumpliendo los compromisos asumidos en su declaración jurada y los reglamentos de la Secretaría de Minería”. Y agregó que los guardaparques acertaron al paralizar la actividad, dado que el concesionario “no cumplió con las recomendaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizando operaciones absolutamente ilegales” lo que podría generarle multas para reparar el daño causado.
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