Entre las causas, que adujo generan esta situación, se encuentra la cantidad de requisitos a cumplir por parte de quienes no tienen documento.
Al ser consultada, la directora del Registro Civil, Mónica Antacle, indicó a Nuevo Diario que existen algunos requisitos pero que no son imposibles de cumplir e indicó que para la próxima semana ya se acordó realizar un operativo de documentación en la zona.
El representante originario recordó que desde septiembre se encuentra haciendo los reclamos a raíz de la situación que se vive por la falta de documentos, y agregó que se exigen algunas condiciones imposibles de concretar. Entre ellas, la solicitud de testigos de la comunidad de entre 80 y 90 años para poder otorgar el documento.
“Es imposible que tengamos gente de esa edad”, dijo Rojas al indicar que estas exigencias dificultan la posibilidad de regularizar la situación de personas que, ante la falta de documentación, tienen imposibilitado el acceso a diferentes beneficios como, por ejemplo, la asignación universal por hijo (AUH).
Los hechos se conocieron con mayor detalle tras la muerte de un niño de esa comunidad, por deshidratación a fines de diciembre. Ni sus padres ni el niño tenían documento, lo cual generó más de un problema cuando, por ejemplo, quisieron retirar el cuerpo del niño fallecido.
Antacle explicó que desde 2011 rige un decreto por el cual se piden algunas certificaciones necesarias para poder avanzar con el procedimiento de documentación. En caso de que estas documentaciones -que pueden ser certificados de agentes sanitarios, del cacique, o dos testigos mayores a la persona que reclama el DNI, además del certificado de residencia de la Policía- no existan, “lo que corresponde es la inscripción judicial”, dijo la funcionaria.
Indicó que algunas dificultades que se dan en las comunidades originarias radican en que, ante la naturaleza nómade que tienen sus miembros, es inevitable que en ocasiones no encuentren a las personas que deben regularizar su documentación y eso provoca que se dilate el trámite.
Ante las consultas, sostuvo que para la semana que viene se preparará un operativo especial en la zona denunciada por Rojas.
Recorrido para el relevamiento
Rojas indicó a Nuevo Diario que en su recorrido logró hacer el relevamiento de las personas sin documento o sin renovación del DNI en las comunidades de Pacará, Tonono, Kilómetro 14, en El Quebracho, Kilómetro 5, Las Moras 2, Curva Talar y 12 de Octubre (comunidad Toba).
Agregó rojas que frente a la indocumentación y su consecuente falta de beneficio, es que los integrantes de las comunidades deben realizar “changas”, cortando o cargando madera, o macheteando para poder cobrar algo de dinero.
La paga que se les retribuye por esos trabajos llega a ser de 150 o 200 pesos por día, cuando logran conseguir trabajo. Con ese dinero deben comer las familias, muchas veces constituidas por siete personas o más. “Hay veces que al mediodía no tienen qué comer”, sostuvo el cacique.
