Comerciantes que se contactaron con Nuevo Diario indicaron que este pedido fue planteado al ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, en oportunidad de una reunión realizada a mediados de octubre en el Centro Empresario de Tartagal.
Dijeron que entonces hubo “muy buena predisposición”, que los funcionarios provinciales les dijeron que el tema se iba a resolver, “pero eso era antes de las elecciones, ahora no atienden ni el teléfono”, se quejaron.
El disparador del replanteo fue la noticia, conocida anteayer, de un “perdonazo” dispuesto por autoridades bolivianas para los contribuyentes de la zona de frontera. “Así como nuestros hermanos bolivianos establecen un `perdonazo´, exigimos al Gobierno nacional” que dicte una medida de exención impositiva para los comercios de frontera, sostuvieron los voceros, quienes pidieron reserva de sus identidades.
Según los voceros, cerraron 50 de los 100 comercios que funcionaban en Salvador Mazza, “y están por cerrar varios más”. Añadieron que se encuentran en unas situación de desamparo. “No es que se quiera hacer una resistencia o un paro de pago de impuestos: no se puede pagar”, insistieron.
Cuatro meses
Solamente el director de Rentas de la provincia, Facundo Furió, se salvó de las críticas de los comerciantes. “(Es) el único funcionario que vino a nuestra Cámara de Comercio e Industria de Profesor Salvador Mazza, nos prometió y cumplió” con otorgarles una exención de impuestos provinciales por 4 meses.
Indicaron que esta medida “salpica en positivo” al gobernador Juan Manuel Urtubey, dado que entienden que una decisión de esta naturaleza se tomó con su consentimiento porque “está costando mucha plata a la provincia”, dado que no están cobrando el pago a cuenta que se hace en las cuentas corrientes. “(Furió es) el único que cumplió, el resto, todos vinieron” y “están de brazos cruzados”, afirmaron.
Más reclamos
Los comerciantes también se quejaron de que la la Municipalidad de Salvador Mazza notificó a los contribuyentes que en el cruce de información con la DGR y la DGI “surgen diferencias” que deben normalizarlas “bajo pena de acciones judiciales”.
También insistieron en que no pagan los impuestos porque no quieran hacerlo, sino que están imposibilitados debido a la situación de crisis que atraviesan con la caída de las ventas por la liberación de la exportación. “No se puede sobrevivir. Mucha presión fiscal”, afirmaron.
“El comerciante no va a ir a pagar impuestos, si tiene que comer. Y tienen que comer los empleados que tiene el comerciante”.
