SIMÓN HOYOS ERA EL CONCESIONARIO

Clausuran por 2 años a la minera que abrió caminos en Cafayate

La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, informó ayer que se clausuró por dos años la empresa que fue detectada realizando trabajos de apertura de caminos de manera ilegal en La Yesera, más precisamente en Mina Franco.

Los vecinos de "La Yesera", un área preservada en Cafayate terminaron echando a la minera que hacía una exploración ilegal.

Según el edicto judicial, el inicio del expediente ante el Juzgado de Minas fue presentado por Camilo Alberto Morales. Sin embargo, la senadora por La Caldera, Silvina Abilés, aportó ayer entre sus consultas que otro de los concesionarios es Simón Agustín Hoyos.

“¿El famoso Simón Hoyos?”, fue la consulta de la legisladora a quien los funcionarios de Minería le respondieron afirmativamente, entre algunas risas incómodas.

Hoyos fue condenado por abuso sexual de menores tras ser encontrado en 2003 en un motel con una nena de 8 años. En 2011 se le permitió la libertad condicional pese a que la condena era de 14 años, y denuncias por anteriores violaciones y abusos sexuales.

El nombre del empresario no pasó desapercibido y, según ratificó a Nuevo Diario la senadora caldereña, en el informe que se respondió desde el Ministerio al Senado, apareció el nombre del condenado empresario.

Reglamentar la ley

El senador Diego Pérez, de Rosario de la Frontera, por su parte, sostuvo la importancia de reglamentar la Ley 6808 que “instituye en los Valles Calchaquíes las Áreas Naturales de Preservación Recreación y Turismo”. La ley fue sancionada en 1995.

A ello sumó la necesidad   para que mientras se disponga esa reglamentación, el Juzgado de Minas se abstenga de otorgar permisos en las zonas que se encuentran en lugares de reserva. 

Otro de los temas que se barajaron en la reunión tuvo que ver con la falta de licencia social sobre los trabajos mineros que se realizan en las distintas zonas y no son comunicados fehacientemente a los vecinos.

“Para nosotros eso se llama consulta previa, libre e informada”, reclamó el senador por Iruya, Walter Cruz, quien como los demás, ratificó la necesidad de contar con las informaciones para las comunidades que en más de un caso, y ante la acción inconsulta, decidieron tomar acciones contra la minería que interpretan como contaminante. 

Siete wichís quemados un año por consumo de alcohol

El diputado por Rivadavia, Ramón Villa, indicó que desde marzo de este año se pueden contar unos siete adolescentes de la comunidad wichí de Coronel Juan Sola -ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte más conocida como Morillo- que terminaron quemados tras el consumo de alcohol etílico y aspiración de naftas. Dos de esas situaciones terminaron en muertes.

"Los chicos salen a robar las naftas de las motocicletas", contó Villa al indicar la realidad que se vive en el pueblo y que generó nuevamente una conmoción tras el fallecimiento de un chico de 19 años que ingresó al Hospital San Bernardo el 4 de octubre pasado y que falleció a los tres días, a las 16:30, tras ser atendido en la Terapia Intensiva.

Según indicaron fuentes del Hospital, presentaba quemaduras múltiples en partes del cuerpo entre un 30 y 39 por ciento de la vía aérea afectada.

El ingreso fue por intento de suicidio. La primera muerte se dio en marzo pasado, cuando también se denunció sobre la existencia de tres casos más de chicos quemados (que habían ingerido alcohol etílico y aspirado nafta), en solo una semana.

"Este año vamos a tener números", dijo el responsable de Abordaje de las Adicciones, Martín Teruel, al sostener que se trabajó articuladamente entre los ministerios de Salud, de Educación, Asuntos Indígenas y Seguridad, a fin de encontrar algunas medidas de contención para los chicos.

Por ahora, en tanto, se espera una mayor adhesión de la comunidad a las medidas que se plantean y también que se detecte en distintos ámbitos la problemática que en la mayoría de los casos afectó a los chicos y chicas de la comunidad wichí La Cortada de Morillo.

En cuanto a los números, Teruel sostuvo que este año se agregó en las acciones de revisión de las áreas operativas que conforman el sistema de Salud, la cantidad de ingresos o tratamientos de personas que hayan sufrido intoxicaciones o adicciones.

Por su parte, Villa sostuvo que es preciso contar con certificados de defunción que sean precisos y no que establezcan como causa de muerte "paro cardiorrespiratorio", como sucede en estos casos o los de desnutrición.

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