Según informó la periodista Claudia Ferreyra, la audiencia pasada, el lunes 3, estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Yonni Zigarán. Por la Comunidad Isidro Moreno participaron el cacique Felix Moreno junto a la presidenta comunitaria, Raquel Moreno.
La Comunidad estuvo asistida por el abogado Hernán Mascietti, y la abogada Sandra Ruiz, asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta, que fue enviado por esta carterea para asistirlos en este trámite.
También asistió, el director de Políticas Territoriales Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas, Rafael Montaña.
Y por la Municipalidad local estuvo el secretario de Gobierno de El Quebrachal, Pedro López.
Mientras que el particular que disputa las tierras con la Comunidad, Rufino Pagola Saravia, estuvo con el patrocinio de los letrados Mónica Raquel Vera y Antonio Saravia.
Además de participar de la audiencia, los integrantes de la Comunidad realizaron una movilización por las calles del pueblo para visibilizar su lucha por el territorio ancestral.
En la audiencia la Municipalidad sugirió que podría comprar dos manzanas para intentar solucionar la problemática habitacional de las familias wichi, aunque esta propuesta no termina de conformar a los habitantes originarios, quienes sostienen que vienen perdiendo sus tierras desde hace años, a pesar de la gran necesidad que tienen de espacio para que se instalen sus familias.
“Quedó en claro la crisis habitacional que tiene la Comunidad que, a pesar de tener 400 hectáreas relevadas, no pueden usar ni un solo metro cuadrado. La Comunidad sigue allí, resistiendo hasta que se le dé una solución al hacinamiento de más de 70 familias del barrio en el que se encuentra enclava”, sostuvo Mascietti.
Ferreyra reseñó que la Municipalidad de El Quebrachal y el Ministerio de Asuntos Indígenas se comprometieron a acercar una solución.
En la audiencia se hizo notar la ausencia del Consejo Consultivo Participativo Indígena, cuyo presidente es Felix Díaz, aunque se pudo saber que trató de comunicarse con miembros de la Comunidad.
La Fiscalía ya imputó a unas 70 familias wichis de la Comunidad que ocuparon estas tierras y pesa sobre ellos un pedido de desalojo.
El criollo Saravia reclama 18 hectáreas
“Nosotros vivimos en un pedacito de 4 hectáreas”, sostuvo ayer la presidenta de la comunidad Isidro Moreno, Raquel Moreno, quien explicó que en el mapa catastral de las 400 hectáreas relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), figuran 32 hectáreas como de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad.
Moreno manifestó que seguirán luchando por la restitución de sus tierras. Indicó que la decisión de tomar una pequeña parte surgió por la problemática habitacional que atraviesan, y luego de que las gestiones que realizaron ante organismos gubernamentales no dieron resultado.
El criollo Rufino Pagola Saravia reclama para sí 18 hectáreas, que serían tierras indígenas, y realizó la denuncia por usurpación y daños contra la comunidad Isidro Moreno.
