JUICIO SUSPENDIDO POR SEGUNDA VEZ

Asuntos Indígenas pidió un intérprete en el juicio a tres caciques

El Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la provincia también pidió al juez Aldo Primucci, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, que se designe a un intérprete en el proceso judicial que se sigue contra tres caciques del pueblo wichi.

NDS |

Los caciques Demetrio Campos y Martín Acosta.
Los caciques Demetrio Campos y Martín Acosta.

NOTA RELACIONADA: Juzgarán a tres caciques wichi sin derechos procesales

Los dirigentes originarios están acusados de los delitos de daño y amenazas en el marco de un  conflicto territorial con un finquero Alejandro Gareca de la zona de El Chañaral en Rivadavia Banda Sur.

El debate iba a empezar anteayer, pero el juez lo suspendió por segunda vez, luego de que el abogado Matías Duarte, que defiende a los caciques Demetrio Campos, Martín Acosta y Dalmacio Acosta, y viene reclamando desde hace un año que se de participación a un traductor de la lengua wichí, planteara la nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque no se realizó la audiencia de imputación al último de los acusados.

Además el Ministrio de Asuntos Indígenas se presentó ante el juez, y trascendió que también la fiscal penal Mariana Torres, que interviene ahora en el proceso, hizo observaciones sobre el trámite.

El director de Políticas Territoriales Indígenas, Rafael Montaña, solicitó al tribunal unipersonal que se designe a un traductor, con el fin de “garantizar el principio constitucional de la defensa en juicio” de los tres acusados.

Destacó en tal sentido que si bien los caciques “entienden el idioma español, dicha comprensión puede circunscribirse al ámbito de lo cotidiano” y no es suficiente para interpretar “la connotación de cada uno de los términos técnicos jurídicos que se emplean en todo proceso judicial”.

Por lo que seguir el proceso sin un intérprete “se tornaría contrario al principio de igualdad ante la ley” y colocaría a los imputados “en un plano de desigualdad, ya que no contarían con las mismas oportunidades que las otras partes al momento de entender, debatir e impugnar las pruebas que se les presenten durante las audiencias de debate”. 

El hecho por el que se acusa a los caciques ocurrió en septiembre de 2014, cuando defendieron su territorio ante el deslinde y alambrado del finquero Gareca. 

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