La semana pasada, la Corte notificó al Estado argentino sobre las presentaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que demandan al Estado nacional por vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas de los pueblos Wichí (Mataco), Iyojwaja (Chorote), Nivacklé (Chulupí), Qom (Toba) y Tapy'y (Tapiete), que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia.
Lhaka Honhat y el CELS señalaron en un comunicado que este caso es el primero en el que se discutirá en la Corte IDH la propiedad comunitaria indígena en el país, “por lo que representa una oportunidad histórica para el resguardo de los derechos de las comunidades denunciantes, y para la garantía de los derechos indígenas a nivel estructural”.
Asimismo, informaron que en la demanda, tras “acreditar las violaciones al derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a la personalidad jurídica y por el daño ambiental, entre otras afectaciones”, solicitaron “reparaciones que incluyen la entrega del título colectivo por 400.000 hectáreas a nombre de todas las comunidades, la provisión de agua potable en el territorio, la realización de obras para el traslado de las familias criollas y la remoción de los alambrados que han perturbado su forma tradicional de vida y la detención de la tala ilegal”.
Y requirieron “medidas para asegurar que estas violaciones no se repitan, como la creación de mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria y a la consulta libre, previa e informada sobre obras en las tierras de los pueblos indígenas de la Argentina”. Demandas que son también de otras comunidades.