En un comunicado oficial, el Gobierno provincial salió a respaldar el desmonte que fue autorizado en 2014 y que continúa al día de hoy sobre las últimas casi tres mil hectáreas de monte que quedan en la zona. En 2014, Alejandro Jaime Braun Peña y Gastón Larrán solicitaron la autorización del desmonte sobre nueve mil hectáreas.
"Las aclaraciones más que aclarar oscurecen porque dejan de manifiesto que hay una especie de asociación ilícita cuando se trata de los bosques y su gente por parte del Gobierno provincial y empresarios que ya denunciamos que son parientes y están ligados a gente del Gobierno nacional", dijo Giardini al ser consultado por Nuevo Diario.
Y es que la 'aclaración' de la Provincia salió luego de que la entidad ambientalista iniciara una campaña para juntar firmas y pedir al gobernador Juan Manuel Urtubey que detenga el desmonte.
Indicó que si bien se logró derogar los decretos que posibilitaron "violar la ley de bosques de manera impune permitiendo la recategorización de más de 30 fincas", el gobernador Urtubey había indicado en su momento que las recategorizaciones que se aprobaron (de manera, al menos ilegítima), iban a ser revisadas si es que afectaban a las comunidades.
Entendió que la violación no es solamente a la Ley nacional y provincial, sino también a los derechos de pueblos originarios porque un desmonte de esta magnitud "implicará un desalojo de facto de las comunidades".
Indicó que más allá de la explicación sobre los acuerdos entre la empresa y las comunidades, académicos de la UNSa habían advertido de que existía una suerte de presión sobre las comunidades para que firmen las actas acuerdo por pocas hectáreas.
La finca "estaba en un área protegida y el Gobierno puede tomar la decisión de frenar el desmonte. Son 2500 hectáreas que quedan. Si tuviéramos algunas leyes de delitos forestales, tanto funcionarios como empresarios estarían con alguna causa penal", concluyó.