La nueva donación, esta vez al Club Social y Cultural de Residentes de los Valles Calchaquíes, generó un conflicto entre miembros de esta organización y de la comunidad, quienes se cruzaron denuncias penales.
En este marco, las partes fueron convocadas, por separado, por la Fiscalía Penal N° 1, la que realizará un estudio socioambiental en el lugar. Esta última información la brindó el presidente de la Comunidad Lules, Fermín Tolaba, al término de la audiencia en la que entregó la documentación que acredita el uso ancestral del territorio que habitan tradicionalmente.
Si bien esta Comunidad, cuyo territorio es altamente apetecible por sus excelentes condiciones paisajísticas y con predios aptos para la explotación, y la cercanía con la ciudad de Salta (a sólo cinco kilómetros), viene soportando todo tipo de embates tanto desde el Gobierno como de particulares.
En este caso en particular el conflicto se originó en agosto de 2015, cuando el Senado y la Cámara de Diputados de Salta aprobaron la ley 7886 (publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de ese año) por la que autorizaron al Poder Ejecutivo a “transferir en carácter de donación a favor del Club Social y Cultural de Residentes de los Valles Calchaquíes, (…), el inmueble identificado con la matrícula N° 196963 de la ciudad de Salta, departamento Capital”, para ser destinado a la radicación de su sede.
Hace años que el Club de los vallistos tiene un espacio de recreación lindante con el territorio comunitario lule (ocupa 3,5 hectáreas), pero ahora quiere avanzar sobre otras 3,5 hectáreas, para completar el total de 7 hectáreas que recibió en donación. Pero ocurre que en estas otras 3,5 hectáreas hay familias de la Comunidad Lules, que viven ahí por generaciones.
Descendientes afectados
Los más afectados son los descendientes de Marcos Fernández, quienes viven en el paraje Las Tres Palmeras. Dos de sus hijos, Tomás y Remigio, acompañaron a las autoridades de la Comunidad en la presentación de papeles que demuestran su residencia. También lo hizo Juan Zárate, nieto de los antiguos habitantes.
El viernes, tras un intercambio verbal, representantes del Club de vallistos denunciaron a la Comunidad; la jueza Edith Rodríguez ordenó no innovar y remitió las actuaciones a la Fiscalía Penal N° 1, que convocó a los lules y al presidente del Club, Bernardo Lera, quien se excusó de realizar declaraciones. En cambio, Zárate y Tolaba sí hablaron. El primero pidió a los legisladores que, “por favor”, la próxima vez, “hagan un relevamiento siempre antes de hacer una donación”.
